Durante décadas, la inversión pública en turismo en la República Dominicana estuvo asociada a megaproyectos, presupuestos multimillonarios y procesos de ejecución frecuentemente cuestionados por sobrecostos y retrasos. Sin embargo, la gestión de David Collado al frente del Ministerio de Turismo ha introducido un modelo distinto que hoy comienza a mostrar resultados tangibles: más obras, menor costo relativo, mayor supervisión y una percepción creciente de transparencia.
La diferencia entre el modelo actual y administraciones anteriores no radica únicamente en el tipo de infraestructura ejecutada, sino en la forma en que se administran los recursos públicos.
Durante el gobierno de Danilo Medina (2012-2020), el Estado dominicano impulsó importantes proyectos turísticos enfocados en conectividad vial, expansión de polos turísticos y obras de gran escala. Muchas fueron necesarias y contribuyeron al crecimiento del turismo nacional. Sin embargo, sus costos individuales alcanzaban cifras extraordinariamente elevadas.
Basta observar algunos ejemplos:
| Obra | Gestión | Tipo de proyecto | Monto aproximado |
|---|---|---|---|
| Bulevar Turístico del Este | Danilo Medina | Corredor vial turístico | US$110 millones |
| Planta de tratamiento Puerto Plata-Cabarete | Danilo Medina | Saneamiento turístico | RD$840 millones |
| Acceso vial Uvero Alto-Miches | Danilo Medina | Infraestructura vial | Más de RD$2,000 millones estimados |
| Remozamiento Las Terrenas y El Limón | David Collado | Recuperación urbana turística | RD$272 millones |
| Reordenamiento turístico Boca Chica | David Collado | Infraestructura turística urbana | RD$70 millones |
| Obras turísticas en Puerto Plata | David Collado | Remozamiento integral | RD$262 millones |
| Parador fotográfico Punta Rucia | David Collado | Infraestructura turística ligera | RD$10.8 millones |
| Obras entregadas en Las Terrenas | David Collado | Recuperación turística | RD$120 millones |
El contraste resulta evidente
Mientras muchos proyectos de gobiernos anteriores requerían inversiones multimillonarias para intervenir un solo destino o corredor, la actual gestión ha distribuido recursos en decenas de proyectos simultáneos con presupuestos considerablemente más racionales.
Según datos oficiales del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), entre 2021 y 2023 fueron adjudicadas 64 obras turísticas por RD$6,263 millones. Es decir, una cifra equivalente o incluso inferior al costo acumulado de apenas algunos megaproyectos ejecutados en administraciones anteriores.
Eso significa que, con menos recursos, el Ministerio de Turismo ha logrado intervenir múltiples destinos turísticos de manera simultánea: Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, Macao, Bonao, La Romana, Bonao, Monte Plata, Las Terrenas, Samaná, Miches, Punta Rucia, Puerto Plata, Pedernales, Barahona y zonas costeras que durante años permanecieron abandonadas.
Pero el aspecto más relevante no es solamente cuánto se invierte, sino cuánto se ahorra.
La supervisión permanente de las obras, los procesos de licitación pública y la incorporación de mecanismos de veeduría ciudadana han permitido reducir significativamente riesgos de sobrevaluación y retrasos administrativos. Universidades, representantes empresariales, iglesias y organismos vinculados a la ética pública participan en la supervisión de proyectos turísticos ejecutados por CEIZTUR.
Ese modelo de vigilancia ha generado algo poco común históricamente en República Dominicana: obras públicas entregadas en tiempo récord y con costos relativamente contenidos.
Tomemos como referencia algunos casos recientes
El reordenamiento de Boca Chica, una de las zonas turísticas más emblemáticas y deterioradas del país, inició con una inversión superior a RD$70 millones. Décadas atrás, proyectos similares de recuperación urbana podían multiplicar varias veces esa cifra sin necesariamente alcanzar resultados visibles.
En Las Terrenas, el Ministerio de Turismo ejecutó obras por más de RD$120 millones y posteriormente inició nuevos trabajos por RD$13 millones adicionales, logrando transformar áreas completas del municipio sin recurrir a presupuestos desproporcionados.
Puerto Plata, por ejemplo, recibió intervenciones por alrededor de RD$262 millones, una cifra prácticamente similar al costo individual del anfiteatro y parque La Puntilla durante el gobierno anterior, pero ahora distribuida en múltiples obras de recuperación urbana y turística.
Ahí es donde aparece el verdadero concepto de eficiencia pública. No se trata únicamente de gastar menos, sino de obtener más resultados con cada peso invertido.
Otro elemento diferenciador de la gestión de David Collado ha sido la rapidez de ejecución. Muchas obras turísticas del pasado tardaban años en concluirse, aumentando costos administrativos y financieros. Actualmente, el Ministerio de Turismo ha mantenido un ritmo constante de inauguraciones y entregas en períodos mucho más cortos.
Eso también representa ahorro
Menos retrasos equivalen a menos adendas, menos gastos operativos y menor presión presupuestaria para el Estado.
Por supuesto, sería injusto negar la importancia histórica de las grandes infraestructuras desarrolladas durante otros gobiernos. Varias fueron esenciales para expandir el turismo dominicano. Pero el contexto económico actual exige un manejo más inteligente de los recursos públicos.
Y precisamente ahí parece radicar el éxito del modelo impulsado por David Collado: obras menos ostentosas, pero más funcionales; presupuestos más moderados, pero mejor distribuidos; y una narrativa de transparencia que ha fortalecido la percepción pública sobre el uso de los fondos destinados al turismo.
En un país donde durante años las obras públicas estuvieron asociadas a sobrecostos y cuestionamientos, el modelo actual plantea una pregunta inevitable: ¿era realmente necesario gastar tanto dinero para transformar espacios turísticos?
La experiencia reciente parece demostrar que no.
Hoy, con inversiones más racionales y una supervisión más estricta, el país está logrando recuperar destinos turísticos completos sin convertir cada proyecto en una carga multimillonaria para el contribuyente. En tiempos de exigencia ciudadana, austeridad y fiscalización pública, eso también es una forma de desarrollo.